Ante una fiscalía presentó pruebas sobre órdenes para hacer “colchones” aplicando el Código de Convivencia en la ciudad de Córdoba. Desde la fuerza aseguran que no hay una política en ese sentido.

Una grave denuncia, que va a generar repercusión tanto adentro como afuera de la Policía de Córdoba, se acaba de presentar en una fiscalía penal de la capital cordobesa. La firma un oficial que lleva varios años en la institución y que, de manera sintética, apunta contra sus superiores: asegura que obligan a los uniformados a realizar detenciones con el solo objetivo de hacer estadísticas.

En la presentación que ya obra en poder de una fiscalía, este oficial asegura que mientras trabajaba en el Comando de Acción Preventiva (CAP) de un distrito policial de la ciudad de Córdoba, sus jefes inmediatos, un subcomisario y un oficial principal a los que identifica de manera completa, les ordenaron que debían lograr la mayor cantidad de detenciones posible en la vía pública, de manera diaria. Para ello, acotó el denunciante, tenían que aplicar de manera incorrecta el Código de Convivencia Ciudadana.

También se hace mención a un comisario, al que se lo puso al tanto de esta situación, y a otro jefe que cumple funciones en el Tribunal de Conducta Policial. En ambos casos, asegura el denunciante, intentaron disuadirlo de continuar adelante con sus denuncias.

“Trabajamos temprano con el Código de Convivencia, hacemos el colchón temprano y a la tarde están todos los móviles desocupados y podemos tomar comisiones”, se indica en la denuncia que eran las órdenes de los superiores policiales.

En ese sentido, se especifica: “En este contexto lo que se buscaba era la mayor cantidad de aprehensiones (con y sin causa) para con ello formar ‘el colchón’ con el objetivo de primera instancia de aumentar las estadísticas y en segundo plano demostrar la efectividad de la autoridad policial en las calles de Córdoba”

En la denuncia no sólo figuran los dichos de este oficial, sino que se han acompañado capturas del grupo de WhatsApp del distrito, en el que se observan órdenes claras en ese sentido: “Gente, activemos los controles estamos 0 en tres sectores. Veamos qué resultados tenemos”; “No es que les quiera meter presión, pero hasta hoy nunca entregué la guardia en 00, no va a ser la excepción, si no ya saben”; “Vamos con los controles los 11 si no 19 h instalamos las paradas fijas y ahí vemos”; “Vamos con los controles muchachos, se ven motos y saros (delincuentes, según la jerga policial) en la calle”; “Vamos con los controles gente que si no los hacemos fijos hasta que tengamos resultados”; “Vamos apurando con los controles”.

Al respecto, el denunciante asegura que estas directivas estaban dirigidas a la aprehensión de determinados individuos que se encuadran “en un categórico tipo de perfil, un tanto arbitrario y discriminatorio”. Siempre de acuerdo a la denuncia, la idea de los jefes policiales era apuntar hacia aquellas personas mal vestidas, de mal aspecto, de sectores vulnerables, “saros” que no pudieran justificar su presencia en esa zona, que circularan en motos, con o sin antecedentes penales.

La orden, se subraya en la presentación judicial, consistía en “aprehender y secuestrar el vehículo”, lo que terminaba por configurar una práctica habitual y generalizada en ese ámbito policial.

¿Qué pasaba si no cumplían con estos “objetivos”? Los jefes a cargo sancionaban con recargos de hora, cumpliendo tareas fuera del horario de la guardia, en las carpas de testeo por Covid que funcionaban en los CPC, realizando las tareas adicionales de la categoría con más baja retribución y hasta los cambiaban de sector y de tareas.

La presentación fue realizada por el propio oficial (su nombre se preserva para evitar represalias internas), junto al abogado Carlos Nayi. Recayó en la Fiscalía de Distrito 1 Turno 4, a cargo de Rubén Caro, quien ya anunció que deberá apartarse al estar Nayi en este caso. Ahora la Fiscalía General deberá resolver qué fiscal toma finamente esta espinosa denuncia.

En los últimos meses se han conocido varias denuncias penales por supuestos abusos policiales en operativos callejeros en la ciudad de Córdoba. Personas que por contravenciones menores (no llevar una documentación de la moto, estar adentro de un auto estacionado durante la noche fuera del horario permitido por la cuarentena, circular en moto por una vereda mientras se hacía un reparto de comida) terminaron detenidas largas horas y hasta imputadas por delitos como “resistencia a la autoridad”. Diversas fiscalías ya comenzaron a intervenir en estos casos y terminaron por avanzar en imputaciones contra los policías que actuaron.

Un nuevo presunto caso de abuso policial en Córdoba que tiene como víctima a una repartidora de comidas rápidas. (Captura video)
Un nuevo presunto caso de abuso policial en Córdoba que tiene como víctima a una repartidora de comidas rápidas. (Captura video)

En 2015, además, el comisario Pablo Márquez fue sentenciado a tres años de prisión por forzar a sus subordinados a realizar detenciones ilegales para mejorar las estadísticas, utilizando el entonces vigente Código de Faltas.

En aquel momento, los entonces jueces Julio Guerrero Marín, Daniel Ottonello y Adriana Carranza consideraron que se debían ampliar las investigaciones para “reencauzar la institución” policial, de modo que funcione en el marco de “un estado social y democrático de derecho establecido en nuestra Constitución Nacional y nuestra Constitución de la Provincia de Córdoba”.

El comisario Márquez había sido docente en la Escuela de Policía, donde, según se jactó, enseñaba sobre el Código de Faltas.

“SOMOS UNA POLICÍA DE LA DEMOCRACIA”

Tras la difusión por parte de La Voz de esta denuncia, desde la Policía se dio una respuesta oficial. La directora general de Conducta Policial, la comisaria mayor María Angélica Paredes indicó que desde la fuerza se pusieron de inmediato a disposición del fiscal Caro, quienes les comunicó que se iba a apartar, por lo que ahora aguardan conocer qué fiscalía quedará a cargo del caso.

“Desde que estoy a cargo de esta área, todas las denuncias se investigan. Institucionalmente no hay ninguna orden de esta naturaleza, a eso lo puedo garantizar”, apuntó Paredes en referencia a que no hay directivas para realizar detenciones para “hacer estadísticas”.

Sobre el futuro del policía denunciante, ante el temor de que sufra represalias internas, la jefa policial respondió: “Somos una Policía de la democracia. Siempre se han investigado las denuncias internas sin represalias de ningún tipo”.

Fuente: La Voz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.