Registró 46,6% de pobreza en el primer semestre frente al 39,2% del Gran Buenos Aires. Tiene menos empleo público que otras provincias, muchas familias en una “zona gris” cercana a la pobreza y dependencia de la construcción, que cayó.

La Córdoba productiva, trabajadora y pujante tiene ahora a casi la mitad de sus habitantes en condiciones de pobreza. Según los datos que reveló el jueves el Indec, el 46,6% de los habitantes del Gran Córdoba no lograron reunir los ingresos básicos para vivir.

La cifra es más alta que el 40,6% de pobreza en el promedio de todo el país. Está por encima de varias ciudades del norte, como Jujuy, La Rioja o Posadas. Es más, supera al 39,2% del siempre sufrido conurbano bonaerense.

Puesto en números por hogar, esto significa que el 34,3% de las familias, con dos adultos y dos menores promedio no juntó 62.989 pesos al mes, que es lo que cuesta hoy una canasta básica total mínima.

El drama es que, al menos en el promedio, esas familias están a un abismo de distancia de poder abandonar la condición de pobres, ya que juntan ingresos por 37.803 pesos, es decir, el 60% de lo que necesitan para salir de la pobreza medida por ingresos. La brecha es del 40%. Una enormidad.

¿Qué nos pasó? ¿Cómo es que una provincia cuyo discurso público pivotea sobre la integración social que garantiza el trabajo tenga casi 20% más de pobres que el conurbano bonaerense? ¿Qué políticas públicas válidas hay para revertir la situación?

Explicaciones

La foto del primer semestre de este año es letal, pero la película venía anticipando el deterioro social.

En el primer semestre de 2017, la pobreza era del 30,7%; del 30,1% en 2018; del 37% un año después; del 42,5% en el primer semestre de 2020 (con medio trimestre de cuarentena dura), y ahora, del 46,6%.

Desde la Dirección de Estadística y Censos de Córdoba se descartó completamente algún error metodológico en la medición, tanto ahora como en 2020. “Confiamos ciegamente en la calidad de los datos de Córdoba”, indicó su titular, Daniel Ortega.

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¿Y entonces? Hay algunas explicaciones posibles. La primera es que Córdoba es la provincia con menos empleo público en relación con la cantidad total de sus habitantes: 35 cada mil habitantes. Le siguen Santa Fe con 39 y Buenos Aires con 51. La media país es de 51 y, en la otra punta, están Tierra del Fuego (118), Santa Cruz (109), Catamarca (107) y La Rioja (105).

Los estados –tanto municipal, provincial como nacional– al fin y al cabo son los que menos afectados se vieron por los efectos económicos de la pandemia. Superado el cimbronazo de la caída de recaudación por la cuarentena dura, pudieron recuperar ingresos, dinamizados también –vaya paradoja– por la inflación.

“Todo impacto en la economía real pega más fuerte en Córdoba porque el sector privado es mucho más volátil que el sector público”, reconoce Ortega.

“Córdoba depende menos del empleo público que otras provincias, sus trabajadores del sector privado se han informalizado y están más golpeados”, agrega la economista Laura Caullo, del Ieral de Fundación Mediterránea.

Los empleos estatales no sufrieron el recorte del 25% en el caso de estar suspendidos, pese a que en la práctica muchos no cumplieron funciones. Tampoco sufrieron achique de plantilla, como pasó en el sector privado, pese a la vigencia de la prohibición de despedir o a la doble indemnización. Y además, tuvieron paritarias que –poco más, poco menos– pudieron compensar la inflación, algo que no pasó con los informales ni con los cuentapropistas, por ejemplo.

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La segunda explicación hay que buscarla en la estructura cordobesa del empleo no estatal.

Dentro de los ocupados de Córdoba, el 72% se dedica a la actividad privada; el 18% tiene un empleo público, y el 10% trabaja en casas de familia, según el informe de diagnóstico laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Dentro del sector privado, apenas el 58% de los trabajadores está en la formalidad y el resto se encuentra “en negro”, con alta preponderancia de la construcción y del sector servicios. La construcción emplea al 11% de los cordobeses, más incluso que el 10% que está en la industria.

Son 101 mil cordobeses los que, se calcula, trabajan en la construcción y el 70% lo hace en la informalidad. El problema es que la brecha del dólar se achicó y, al freno de la obra pública en la pandemia, se le agregó ahora el de la obra privada. Lo que hay son obras menores, en general de refacción o de ampliación de hogares, que mueven poco volumen de dinero. Este segmento está entonces ahí, en la línea que divide la pobreza de la “no pobreza”. Es lo que los analistas llaman “zona gris”.

Algo similar pasa con la gastronomía para quien trabajaba en algún sector afectado por las restricciones de la segunda ola, por ejemplo, o con el comercio.

Como para el Indec la pobreza es de una sola dimensión, es decir, se llega o no a un monto de ingresos, entran en esta cuenta todos los “nuevos pobres”, los empujados a esa orilla por la pandemia.

Son los que bajaron una escala: si tenían un empleo formal, ahora pueden tenerlo pero no registrado; si estaban en relación de dependencia no registrados, ahora son cuentapropistas, y si eran ya cuentapropistas, lo siguen siendo, pero en un entorno de mucha más competencia –otros empujados haciendo lo mismo–, que buscan venderles a familias que tienen cada vez menos ingresos reales.

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“Nosotros pensamos que iba a ser más bajo el indicador, porque el año pasado se habían perdido tres millones de empleos informales; entonces, la conclusión era que la pobreza estaba en el 40% porque esos tres millones eran los empleos de los pobres”, razona Jorge Colina, economista del centro de estudios Idesa.

Agrega lo que muchos analistas consideran la clave de semejante crecimiento de la pobreza:”Pero esos tres millones de empleos que se habían perdido en la pandemia ya se recuperaron, lo que indica que aun con trabajo la plata no alcanza; y además, los trabajos informales son cada vez más precarios, no generan mucho ingreso”, dice.

La tercera razón tiene que ver, y esto es denominador común para todas las provincias, con la inflación.

La imposibilidad de que los ingresos de las familias compensen la suba de precios explica buena parte del indicador de pobreza. Entre enero y junio, la inflación acumuló 25,3% y a junio de 2020 acumulaba un aumento interanual del 50,2%. Son contados con los dedos de las manos los sectores que a junio pasado habían ajustado los ingresos al menos cerca de ese número.

“La gente te dice todo es mil, mil, mil y mil y yo no tengo tantos de mil. Mi vida es una tijera y no doy más de recortar. Con esta inflación nos vamos a la C”, resume el analista de consumo Guillermo Olivetto.

“Sin este nivel de inflación, el indicador hubiera dado seis puntos menos”, admite Ortega, del área de Estadística de la Provincia. Es que, para el primer semestre, en un cálculo anual del 29% según el Presupuesto, la inflación debería haber rondado los 15 puntos, y fue del 25. “En esa diferencia se explican entre cinco y seis puntos de pobreza. Son los sectores que cayeron en la pobreza por muy poquito”, agrega.

¿Y entonces?

En lo que sí Córdoba no desentona con la media nacional es con la indigencia. Está en el 7,8% en el primer semestre frente a un registro nacional del 8,2%. Y eso se explica por la presencia de la asistencia social, concentrada en Nación y algo en la provincia. “Funcionan los planes para asistir necesidades básicas, contienen la indigencia; sin eso, se hubiera duplicado”, dice Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

“Pero no podemos seguir inyectando asistencia. Lo que se requiere es más empleo y mayor crecimiento económico”, agrega.

Para muchos, el modelo del asistencialismo tal y cual hoy está concebido se agotó. “Hoy en nuestros estudios, hasta los que tienen planes nos empiezan a decir que no quieren más planes y que quieren trabajar. Pero el problema de Argentina es que quieren trabajo y no hay”, dice Olivetto, titular de la consultora W.

“Hay que generar una dinámica virtuosa de demanda de empleo, no más asistencia social”, apunta Salvia. La idea sería direccionar la asistencia social en incentivos económicos que permitan la recuperación de las pequeñas empresas.

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“A los subsidios, más que proyectarlos a la asistencia pública, hay que proyectarlos a la creación de empleo, para que más clase media no caiga en la pobreza y que la clase que haya caído en la pobreza pueda salir con trabajo”, dice. Para eso, a su entender, hay que poner en agenda reformas laborales, fiscales y financieras.

“Hay que bajar la inflación, ordenar la macro y luego desde ahí pensar políticas públicas; porque, si no, todo es emitir y emitir para compensar a la gente y eso es perseguirse la cola”, dice Colina.

Fuente: La voz

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